El juzgado de lo mercantil de Madrid ha declarado, de manera formal, el concurso voluntario de acreedores de la empresa de vuelos low cost, Air Comet al haber aceptado a trámite la solicitud que presentó la misma compañía el último 24 de marzo, tres meses después de haber cerrado.

De este modo, el tribunal puede intervenir la empresa y se entra en la etapa en que los acreedores y los afectados por Air Comet presenten sus reclamaciones. Según este juzgado –el número 8-, la cantidad de clientes que fueron afectados por el cierre de la aerolínea en diciembre último es de unos 24.000.

Esta cifra es equivalente a 45.000 trayectos que no se cumplieron, además un total de 740 personas quedaron sin sus fuentes de trabajo ante el cierre de Air Comet –quienes al día de hoy sólo tienen una relación laboral con la aerolínea por el ERE del mes de enero, que no tuvo carácter de extintivo-.

Además, el juez corroboró la deuda de la empresa que presidió Gerardo Díaz Ferrán en 310 millones de euros, de los cuales, cerca de 160 millones corresponden a compañías del mismo grupo. De todos modos, según el tribunal, no es posible aún calcular los activos ya que está “integrado principalmente por bienes intangibles”.

Recordemos que Air Comet presentó a finales de marzo último el concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de la capital española. De esta forma, se comenzaba a allanar el camino para que pudiesen cobrar tanto los trabajadores –a los que se les debe hasta ocho mensualidades-, como el mismo Ministerio de Fomento –el cual debió invertir cerca de 6 millones en el dispositivo de ayuda a los viajeros que fueron afectados por el cierre de la aerolínea-.

En otro orden de cosas, aunque también relacionado con el grupo al que pertenecía la aerolínea, la IATA ha retirado recientemente la licencia para comercializar billetes de avión a Viajes Marsans, y le exige un aval de 20 millones de euros para recuperarla.

Esta información fue confirmada por el mismo Gonzalo Pascual, uno de los propietarios de la empresa, quien señaló también que “no hay otra solución” que responder con ese monto solicitado por la IATA.

Pascual ha calificado esta medida de “injusta” al ser sin un plazo para impugnarla: “no se puede tomar una decisión de esta envergadura sin otorgar un plazo”, declaró.

Lo cierto es que el organismo que nuclea al transporte aéreo ha decidido retirar la licencia ante las dificultades que la empresa de viajes habría tenido para cumplir con los pagos que corresponden en los dos últimos meses.

Fuente Elpais.com