El Consejo de Spanair ha sido condenado a dos años de inhabilitación y el pago de 10,8 millones de euros

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Avion Spanair

El Consejo de Administración de Spanair, entre los que se encuentran su ex presidente Ferran Soriano, ha sido condenado por el juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona a dos años de inhabilitación por administrar “bienes ajenos” y “representar a cualquier persona” después de calificar el concurso de acreedores de la compañía aérea.

Además, la sentencia del juzgado de lo Mercantil impone a los miembros del Consejo de Administración de Spanair el pago de 10,8 millones de euros como déficit concursal, donde también está incluida la Generalitat como “administradora de hecho”.

En este sentido, las reacciones del Ejecutivo catalán y de toda la cúpula no se han hecho esperar y han confirmado que recurrirán el fallo ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Spanair, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, declaró el cese de operaciones el pasado 27 de enero de 2012 después del fracaso en las negociaciones con Qatar Airways para que tuviera una mayor presencia en la ciudad condal y para que la Generalitat se negara a inyectar más fondos económicos.

Pese a la declaración de los directivos de la compañía aérea, el juez considera que la aerolínea esta en concurso de acreedores mucho tiempo antes, concretamente, el 31 de junio de 2011. Por lo que, según el juez, “se conoció o pudo conocer por los miembros del Consejo de Administración” la insolvencia ya que la deuda ascendía hasta los 50 millones de euros, el 90% de la deuda contraída con AENA.

La sentencia Mercantil número 10 de Barcelona afirma que actualmente la compañía aérea sigue “vendiendo billetes como si no ocurriese nada, dando al mercado una apariencia de solvencia que se puede calificar en ese momento de irreal”.

Por otra parte, y de acuerdo con la ley actual, Spanair tendría que haber

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realizado el concurso de acreedores como máximo el 31 de agosto de 2011. Desde el 30 de junio de 2011 hasta el 30 de enero de 2012, la compañía aérea tuvo una situación agravada de insolvencia.

Es por ello que el juez destaca que los 91 millones de euros ofrecidos por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona fueron para pagar nóminas, combustible, cuotas a la Seguridad Social y el alquiler de los aviones y no llegaron a cubrir el pago a los acreedores o bancos, lo que provocó que las deudas siguieran ascendiendo.

Por último, el juez se ha basado cuando se rompieron las negociaciones con Qatar Airways y Spanair en diciembre de 2011. A partir de este momento, los administradores deciden seguir “vendiendo billetes a los usuarios, aun a sabiendas de que la posibilidad de solicitar el concurso es cierta y muy probable, agravando a partir de ese momento la insolvencia”.

VÍA/ el pais

FOTO/ Aero Icarus

 

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